CTA: Declaran inconstitucional la personería gremial otorgada por Ríos

El juez Laboral de Ushuaia, Guillermo Penza, declaró inconstitucional el artículo 1 del decreto 864/09 mediante el cual la gobernadora Fabiana Ríos ratificó el año pasado el Convenio suscripto entre el Secretario General de la CTA, Jorge Portel, y el Ministro de Trabajo de esta Provincia.
Mediante dicho Convenio se pretendía conceder una serie de beneficios a la CTA que para la CGT estaban fuera del marco legal establecidos en la ley nacional Nº 23.551. El decreto de ratificación del convenio promocionaba la organización de los trabajadores de la CTA y "la acción sindical", así como la "implementación de una política tendiente a promocionar la plena vigencia de la libertad sindical y a perseguir toda discriminación producida en el ámbito del trabajo".
Asimismo y en lo que parecería otorgar cierta ventaja se buscaba la "garantía del derecho a la negociación colectiva para el conjunto de los trabajadores y sus organizaciones" como su "fortalecimiento de los mecanismos de inspección del trabajo llevadas adelante por la autoridad administrativa del trabajo por los actores sociales".
Eso no era todo debido a que dentro de la diversidad de puntos tratados en el Convenio, se avanzaba –según la CGT– "sobre las facultades y competencias atribuidas por la Ley a las Asociaciones Sindicales con Personería Gremial". Es decir entendían que el reconocimiento a la CTA como actor gremial donde le reconocía "un régimen de permisos y/o licencias gremiales pagos" para el "desarrollo del plan de acción de la central y de sus organizaciones adheridas".
En ese sentido proponía el convenio "la participación en la negociación colectiva de las organizaciones sindicales que, aún sin poseer personería gremial, posean una representación mayoritaria en el ámbito a que se refiera la negociación y estén inscriptas en el Registro Provincial de Entidades Sindicales".
De esta manera la CGT acusaba al Gobierno Provincial de haberse arrogado "facultades que la Constitución Nacional ha reservado al Congreso de la Nación" y que de dicho acuerdo alcanzado con la CTA "evidencian una finalidad antisindical al permitir que en las comisiones negociadoras participen asociaciones que carecen de personería gremial".
Al planteo de la CGT la respuesta de la Fiscalía de Estado y de la CTA fueron totalmente contrarias en las que no compartían la acusación de "práctica desleal" planteada por la Confederación.
Y el planteo no es menor debido a que de la nómina de autoridades de la CTA enviadas a solicitud de la justicia, se desprende que entre sus autoridades hay funcionarios públicos del Gobierno Provincial o de su signo político. Entre ellos puede observarse Víctor Díaz, funcionario de Salud; Vicente Sinchicay (representante del Ejecutivo en el IPAUSS); Rita Rivera (en Desarrollo Social); y los legisladores Osvaldo López y Elida Deheza, ambos oficialistas y con cargos de Congresales Nacionales de la CTA.

Fuente: eldiariodelfindelmundo.com