REPAS: La historia

La controversia salarial que todavía sigue siendo dilucidada en la Justicia tiene un lejano comienzo que se remonta a 1999, cuando la gestión del mopofista José Estabillo dispuso, mediante el decreto 1947, una reducción del 30% en los salarios públicos. La decisión fue convalida por su sucesor en el cargo, el justicialista Carlos Manfredotti.
En agosto de 2003, tras perder en las urnas la posibilidad de ser reelegido, Manfredotti otorgó, por decreto 1246, un suplemento de 150 pesos mensuales –de carácter remunerativo, bonificable y permanente– destinado a la recuperación del poder adquisitivo salarial en el ámbito de la administración pública central, que pasó a conocerse popularmente como REPAS.
A comienzos de 2004, y habiendo ya asumido la gestión Colazo, se dictó el decreto 407/04 que reestableció la vigencia de la escala salarial que regía hasta el decreto 1947/90, con lo que el Ejecutivo entendió que el REPAS había quedado absorbido por la mejora que implicaba dejar sin efecto esa quita salarial. Esta postura, lógicamente, fue rechazada por los gremios.
En ese marco, la Legislatura terció en la controversia y resolvió dictar la ley 621, mediante la que dispuso "reestablecer, en los haberes mensuales del personal dependiente de la Administración Pública Provincial, el suplemento "Recuperación del Poder Adquisitivo Salarial" que tendrá carácter remunerativo, bonificable y permanente, y que se determina en la suma de 150 pesos. El suplemento indicado será de aplicación para todos los escalafones y agrupamientos de planta dependientes del Poder Ejecutivo Provincial, entes u organismos descentralizados y/o autárquicos".
En la aprobación de esta ley jugó un rol preponderante la bancada que integraban los legisladores aristas Manuel Raimbault y José Martínez (fotos).
El proyecto fue vetado por el Ejecutivo en insistido por el Parlamento. Transcurrido poco más de un mes de la entrada en vigencia de la ley, y ante su incumplimiento, el por entonces Secretario General de Ate Jorge Portel, con el patrocinio del abogado Eduardo Olivero –actual secretario Legal y Técnico de Gobierno– promovieron en representación de la totalidad de los afiliados de ATE una demanda contencioso administrativa contra el Ejecutivo.
Ya destituido de su cargo Jorge Colazo, el gobernador Hugo Cóccaro resolvió a principios de 2006, por decreto 761, disponer una mejora salarial remunerativa y no bonificable de 180 pesos. A pesar de ello los reclamos sindicales por el REPAS no cesaron.
En 2007, el juez laboral Guillermo Penza dictó la primera sentencia en torno al REPAS, mediante la que se condenó al Estado a pagar las diferencias resultantes entre la escala prevista por el decreto 761/06 y la fijada por el decreto 407/04, fallo que fue consentido por ATE.

Fuente: eldiariodelfindelmundo