
Los dirigentes reclamaban además del aumento del salario mínimo, la universalización de las asignaciones familiares y un blindaje social que impida los despidos por 180 días, entre otras cuestiones.
Hugo Yasky señaló que “luego de 5 años de crecimiento económico sostenido, la desigualdad social sigue siendo el problema a resolver, y desde fines de 2007 se encuentra agravado. La necesidad de creación de políticas públicas destinadas a los más desprotegidos y con menor capacidad para intervenir en el reparto de la riqueza, como viene insistiendo la CTA desde que comenzó su participación en este Consejo, se acrecentó en el último tiempo y hace imprescindible la adopción de medidas destinadas a sostener el nivel de empleo y de ingreso, factores básicos en la acción para la erradicación de la pobreza”.
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