Desde la Central de Trabajadores Argentinos, de Río Grande, se elaboró un documento que define la posición de la Central frente a las acordadas emitidas por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, mediante las cuales declaran la inconstitucionalidad de los artículos del presupuesto provincial que impedirían a los jueces incrementar sus haberes hasta que se adecuen al tope que tienen los salarios de quienes se desempeñan en el ámbito estatal.
El texto comienza recordando que “El 10 de febrero de 2010, apenas pasado el séptimo día de actividad tribunalera tras la feria estival, con celeridad y economía procesales espasmódicas, sin pleito ni carátula, sin demandante ni demandado, sin proceso ni defensa, el Superior Tribunal de Justicia decretó inconstitucional e inaplicable en su ámbito el presupuesto aprobado por la Legislatura para el 2010”.
Dice que esta actitud del Superior Tribunal se dio “en virtud de que el parlamento no acogió al cien por ciento la expectativa de máxima que diseñara el tribunal, previendo un incremento del orden del cuarenta por ciento respecto del ejecutado ejercicio 2009 anterior”.
“Los cortesanos afirman que el Poder Judicial no podrá cumplir con ninguno de los objetivos plasmados en el proyecto, de incorporar personal, de crear nuevos órganos para implementar el procedimiento especial para casos de flagrancia, de implementar la mediación, de incorporar nuevos magistrados seleccionados en concursos en trámite, de obras de infraestructura. Concluyen que ni siquiera podrá administrar justicia”, relatan desde la Central; asegurando que los jueces del Superior “Citan un precedente de la Corte menemista” en su argumentación.
Desde la CTA Río Grande agregan, “la Legislatura no es una suerte de escribanía del Poder Judicial, que da fe o certifica lo que el STJ presentó, sin poder analizarlo, debatirlo o modificarlo. En ningún lado la Constitución dice que la Legislatura está para hacer leyes (con todo lo que ello significa, en cuanto a diversidad de alternativas, de proyectos, de voces, de propuestas, de debates, de posturas, etc.) sobre cualquier cosa menos sobre el presupuesto del poder judicial.
Podrá gustarle o no al STJ cómo sale la ley. Al igual que podrá gustarle o no a la Legislatura como sale una sentencia. Pero eso no significa que pueda el STJ salir a hacer leyes ni la Legislatura a hacer sentencias”, asevera el documento.
Si los jueces quieren desengancharse de la categoría más baja del escalafón y no tener ningún límite es porque les interesan poco los ingresos de muchas familias que a gatas cubren la canasta familiar, y no me parece que esto sea digno de hombres cultos y competentes que garanticen el interés público
Una nota típica del sistema republicano de gobierno y de toda sociedad que se precie de democrática, afortunadamente, es la responsabilidad de sus magistrados y demás funcionarios, en tanto depositarios del poder del pueblo, único y auténtico soberano”, finaliza diciendo el documento de la CTA de Río Grande.
El texto comienza recordando que “El 10 de febrero de 2010, apenas pasado el séptimo día de actividad tribunalera tras la feria estival, con celeridad y economía procesales espasmódicas, sin pleito ni carátula, sin demandante ni demandado, sin proceso ni defensa, el Superior Tribunal de Justicia decretó inconstitucional e inaplicable en su ámbito el presupuesto aprobado por la Legislatura para el 2010”.
Dice que esta actitud del Superior Tribunal se dio “en virtud de que el parlamento no acogió al cien por ciento la expectativa de máxima que diseñara el tribunal, previendo un incremento del orden del cuarenta por ciento respecto del ejecutado ejercicio 2009 anterior”.
“Los cortesanos afirman que el Poder Judicial no podrá cumplir con ninguno de los objetivos plasmados en el proyecto, de incorporar personal, de crear nuevos órganos para implementar el procedimiento especial para casos de flagrancia, de implementar la mediación, de incorporar nuevos magistrados seleccionados en concursos en trámite, de obras de infraestructura. Concluyen que ni siquiera podrá administrar justicia”, relatan desde la Central; asegurando que los jueces del Superior “Citan un precedente de la Corte menemista” en su argumentación.
Desde la CTA Río Grande agregan, “la Legislatura no es una suerte de escribanía del Poder Judicial, que da fe o certifica lo que el STJ presentó, sin poder analizarlo, debatirlo o modificarlo. En ningún lado la Constitución dice que la Legislatura está para hacer leyes (con todo lo que ello significa, en cuanto a diversidad de alternativas, de proyectos, de voces, de propuestas, de debates, de posturas, etc.) sobre cualquier cosa menos sobre el presupuesto del poder judicial.
Podrá gustarle o no al STJ cómo sale la ley. Al igual que podrá gustarle o no a la Legislatura como sale una sentencia. Pero eso no significa que pueda el STJ salir a hacer leyes ni la Legislatura a hacer sentencias”, asevera el documento.
Si los jueces quieren desengancharse de la categoría más baja del escalafón y no tener ningún límite es porque les interesan poco los ingresos de muchas familias que a gatas cubren la canasta familiar, y no me parece que esto sea digno de hombres cultos y competentes que garanticen el interés público
Una nota típica del sistema republicano de gobierno y de toda sociedad que se precie de democrática, afortunadamente, es la responsabilidad de sus magistrados y demás funcionarios, en tanto depositarios del poder del pueblo, único y auténtico soberano”, finaliza diciendo el documento de la CTA de Río Grande.
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