FALLO DEL JUEZ PENZA: La CTA no apeló el dictamen

Al no apelar el fallo del magistrado Guillermo Penza, dictado en marzo pasado, la CTA tácitamente aceptó el criterio que tuvo el Juez para resolver sobre la demanda presentada por la CGT Ushuaia. El 11 de junio venció el plazo para presentar la apelación. Habiéndose determinado judicialmente la ilegalidad de la decisión de la Gobernadora y su gabinete mediante la cual se pretendió otorgar a la Central de Trabajadores de la Argentina una especie de personería gremial sui generis, desde la Confederación General del Trabajo (CGT) expresaron su beneplácito porque al consentir el fallo, la CTA implícitamente reconoce que fue un error la firma del acuerdo, violando la legislación nacional vigente en materia sindical.
Cabe destacar que juez laboral Guillermo Penza había resuelto hacer lugar parcialmente a la demanda presentada por la CGT Ushuaia y declaró inconstitucional el artículo 1º del decreto 864/09 que otorgaba algún tipo de derechos a la CTA en el ámbito de la provincia de Tierra del Fuego, cuestión ésta que generó críticas por parte de la dirigencia sindical de la Central de Trabajadores Argentinos, pero al parecer las objeciones no se canalizaron por el medio adecuado que era la impugnación judicial, y quedaron como tantas veces, en discursos mediáticos carentes de argumentos y cargados de descalificaciones personales. No obstante, la Fiscalía de Estado apeló la decisión, dado que el decreto emanó del propio Poder Ejecutivo.
En este sentido, desde el núcleo cegetista afirmaron que "el pueblo trabajador sabe perfectamente que históricamente los gobiernos de facto y los sectores antipopulares han empleado sistemáticamente la descalificación como herramienta de ataque al Movimiento Obrero Organizado en la Confederación General del Trabajo. Estos sectores reaccionarios y rancios se integran por quienes desean con claridad el desarme y atomización de las organizaciones del Movimiento Obrero Organizado, no dudando en pretender modificar lo conceptual de su doctrina sindical y en tergiversar lo material de sus obras y realizaciones".
Por su parte, el secretario General de la CGT, Miguel Olivares, expresó que "esta intención de romper y cuestionar la organización obrera que ha dado los mejores frutos y derechos a los trabajadores, tiene una historia lamentable que suma otra página a manos del Ejecutivo Provincial, cuando en complicidad dicta junto al Ministerio de Trabajo un disparate de decreto que resulta ilegal, trasnochado y reaccionario a los intereses de los trabajadores" al tiempo que insistió en que " repudiamos por injusto y abusivo que se haya utilizado el Gobierno, que debió haber sido de todos, para proveer de confort y privilegios inmerecidos a una corporación en declive que transgrede sistemáticamente el orden público".
Finalmente, el titular de la Confederación General del Trabajo afirmó que es aún más grave este comportamiento "porque muchos de los funcionarios provinciales son autoridades de la CTA", y agregó que, "nosotros insistimos en que este proyecto de gobierno antisindical y desleal tiene como objetivo el desmembramiento del Movimiento Obrero Organizado, que guste ó no, ha sido y será fuerte, monolítico y al servicio de la defensa de los derechos de los trabajadores; no cómplice y frágil como lo desea esta Gobernadora y sus funcionarios".

Fuente: eldiariodelfindelmundo.com